¿Cómo afectan los Presupuestos Generales del Estado a los procesos de remunicipalización?

El Proyecto de Presupuestos Generales para 2017, que fue presentado en el Congreso de los Diputados el pasado 4 de abril, ha irrumpido de lleno en el debate sobre la remunicipalización de servicios públicos. Bajo el título Limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público, la disposición adicional 27 del proyecto de ley señala que los Ayuntamientos "no podrán considerar como empleados públicos a los trabajadores de a) los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado y b) al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público, consorcios, personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una Administración Pública".

Así las cosas, esta disposición adicional busca la contención del déficit de las administraciones públicas evitando, en este caso, que las cuentas de los Ayuntamientos puedan verse desbordadas por la asunción de nuevas nóminas. Por lo tanto y al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora, los trabajadores subrogados de empresas remunicipalizadas empezarán a computar como tasa de reposición. De esta forma, la disposición adicional 27 no impide la remunicipalización de ningún servicio público ya que su único cometido es asegurar la salud de las cuentas públicas de los gobiernos locales.

La reacción de los Ayuntamientos afectados por el proyecto de ley ha sido dispar, en consonancia con la situación financiera y laboral de cada uno. Por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Jerez se han realizado seis remunicipalizaciones en los últimos tres años y ahora descarta acometer nuevos procesos: "Hace poco Izquierda Unida pidió que municipalizáramos el servicio de basuras pero no podemos hacerlo por su alto coste, hay que ser sensatos". Por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado un "plan B" para la remunicipalización del servicio de playas, Zaragoza finalmente licitará el servicio de parques y jardines si no cambia la ley de presupuestos y Ciudad Real ha anunciado un aplazamiento sine die de los procesos abiertos. CCOO también se ha opuesto a la remunicipalización en Jaén alertando de que se podrían destruir hasta 361 empleos.

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