Lorenzo Dávila, uno de los autores corales del libro Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro?, ha escrito un artículo en el diario Expansión donde analiza uno de los efectos provocados por la crisis económica y financiera: según explica el también economista, se ha creado un vacío que los populismos están rellenando a base de ideología. Estos mismos populismos están aprovechando para "suplantar los criterios técnicos y económicos que, entre otros muchos logros, nos han permitido disponer de los servicios públicos que tenemos".
Y es que, según razona el autor del artículo, el nivel de desarrollo de bienestar alcanzado en el primer mundo responde al "esfuerzo y la suma tanto de las administraciones públicas como de todas aquellas empresas especializadas que mediante modelos de colaboración público-privada han dibujado la realizada en la que vivimos. Como ejemplo, podríamos decir que sin la aportación de las administraciones públicas no existiría Internet... y sin la colaboración del sector privado no tendríamos smartphones para poder disfrutarlo.
En el caso de las remunicipalizaciones, los movimientos populistas que las defienden parecen no ser conscientes de que los gastos operacionales no son iguales en un consorcio público-privado que cuando la gestión es 100% pública. Una empresa que gestiona un servicio público en varios municipios tiene unos costes estructurales mucho menores que un consistorio que sólo gestiona su propio municipio. Sin embargo, los defensores de los movimientos remunicipalizadores argumentan sus posiciones como si la diferencia entre ambos modelos estuviese únicamente en el fee de gestión sin caer en la cuenta de que remunicipalizar "les lleva a asumir los costes derivados de las economías de escala que aporta el sector privado".
Dávila pone como ejemplo el caso de Terrassa, donde el Ayuntamiento planea liquidar la empresa que gestiona el agua en la ciudad desde 1842, Mina Aigües de Terrassa. "Esas economías de escala le vienen a Mina de la mano de un grupo que opera en un gran número de municipios de España, lo que le permitía que muchos gastos de estructura que requiere la correcta prestación del servicio pudieran repartirse entre muchos expedientes tarifarios, tales como equipos, programas informáticos, servicio de atención al cliente, maquinarias, vehículos, utillaje, almacenes, laboratorios [...], gastos que tendrá que cubrir el nuevo operador público", remata Dávila.
Y es que, según razona el autor del artículo, el nivel de desarrollo de bienestar alcanzado en el primer mundo responde al "esfuerzo y la suma tanto de las administraciones públicas como de todas aquellas empresas especializadas que mediante modelos de colaboración público-privada han dibujado la realizada en la que vivimos. Como ejemplo, podríamos decir que sin la aportación de las administraciones públicas no existiría Internet... y sin la colaboración del sector privado no tendríamos smartphones para poder disfrutarlo.
En el caso de las remunicipalizaciones, los movimientos populistas que las defienden parecen no ser conscientes de que los gastos operacionales no son iguales en un consorcio público-privado que cuando la gestión es 100% pública. Una empresa que gestiona un servicio público en varios municipios tiene unos costes estructurales mucho menores que un consistorio que sólo gestiona su propio municipio. Sin embargo, los defensores de los movimientos remunicipalizadores argumentan sus posiciones como si la diferencia entre ambos modelos estuviese únicamente en el fee de gestión sin caer en la cuenta de que remunicipalizar "les lleva a asumir los costes derivados de las economías de escala que aporta el sector privado".Dávila pone como ejemplo el caso de Terrassa, donde el Ayuntamiento planea liquidar la empresa que gestiona el agua en la ciudad desde 1842, Mina Aigües de Terrassa. "Esas economías de escala le vienen a Mina de la mano de un grupo que opera en un gran número de municipios de España, lo que le permitía que muchos gastos de estructura que requiere la correcta prestación del servicio pudieran repartirse entre muchos expedientes tarifarios, tales como equipos, programas informáticos, servicio de atención al cliente, maquinarias, vehículos, utillaje, almacenes, laboratorios [...], gastos que tendrá que cubrir el nuevo operador público", remata Dávila.
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